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Gabriel Oddonde

Socio de CPA Ferrere. Doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y Economista por la Universidad de la República (Uruguay). Profesor universitario en UDELAR y ORT. Se ha especializado en la consultoría, como consultor para organismos internacionales, instituciones y gobiernos en Uruguay y América. Ha publicado trabajos sobre economía política, crecimiento económico y comercio internacional.

marzo 30, 2023
Economías de frontera: problemas viejos, desafíos nuevos

La semana pasada visité las capitales de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. En esa ocasión, tuve la oportunidad de conversar con varias personas relacionadas con actividades muy diversas. El denominador común de todos los intercambios fueron los desafíos que plantean las diferencias de precios que existen hoy entre Uruguay y sus vecinos Argentina y Brasil. Si bien este es un problema tan antiguo como recurrente, hay diversas razones por las cuales es necesario prestarle algo más de atención en este momento.

Es común que regiones de países diferentes que son vecinas a las fronteras estén más integradas entre sí que a otras zonas del Estado al que pertenecen. A pesar de la existencia de reglas distintas y de restricciones que limitan las relaciones económicas entre agentes de diferentes jurisdicciones, la proximidad suele favorecer el desarrollo de mercados comunes que funcionan con independencia de los marcos formales que los regulan. Lo anterior es mucho más frecuente cuanto menos accidentados son los límites naturales de la frontera y cuanto mayores son los contrastes económicos, típicamente cuando los precios de los bienes y servicios son muy distintos.

En la actualidad, las diferencias de precios entre Uruguay y sus vecinos son grandes. Medido por un indicador poco preciso pero ilustrativo como el tipo de cambio real bilateral, esas diferencias son las más elevadas de las últimas dos décadas. Incluso, son más grandes que las que se registraron inmediatamente después de las rupturas del Plan Real (1999) y de la convertibilidad (2001).

En contraste con situaciones del pasado, es poco probable que en un contexto como el actual una depreciación abrupta del peso uruguayo termine por acercar los precios relativos a los de nuestros vecinos. La mayor solidez macroeconómica de los últimos 20 años ha desacoplado a Uruguay de los avatares económicos de Argentina y Brasil, algo que ha consolidado las diferencias de ingresos de sus habitantes. Debido a ello, una reducción significativa de la brecha de precios como la que hoy existe depende más de revaluaciones del real o del peso argentino derivadas de mejoras en sus economías que de algún evento macroeconómico agudo en Uruguay. Las políticas económicas en curso y el calendario político en ambos países, especialmente en Argentina, hacen poco probables correcciones de las diferencias de precios en las fronteras a corto plazo.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario reconocer que los desafíos que plantea esta situación no son fáciles de gestionar para la política económica. Como las diferencias de precios son significativas, el poder adquisitivo de los habitantes de la frontera termina siendo mayor del que tendrían si no pudieran comprar “del otro lado”. Ello plantea un dilema para la política económica. Si no se toman medidas para evitar las compras en el otro país, se perjudica la actividad de los comercios de la zona fronteriza, se compromete el empleo y, con ello, tarde o temprano los ingresos de las personas relacionadas con esas actividades. Contrariamente, si se toman medidas para impedir que la población adquiera bienes y servicios a los precios que rigen del otro lado de la frontera, se restringe el acceso a ellos, algo que puede afectar en mayor medida a las personas más vulnerables. Lo anterior es probable que explique, al menos de manera parcial, por qué el gobierno ha actuado con mucha cautela en este tema.

Hasta el momento, el gobierno ha dispuesto exoneraciones de aportes jubilatorios patronales y rebajas tributarias (sobre el IVA mínimo mensual, anticipos mínimos del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial y del Impuesto al Patrimonio) para comercios (supermercados y almacenes) y pequeñas empresas ubicadas en zonas cercanas a la frontera. Estas medidas no parecen ser suficientes. Si el problema es la falta de ventas, aliviar la carga tributaria sobre la renta, por ejemplo, no será de mucha ayuda porque la rentabilidad será nula o muy baja.

En forma paralela, legisladores de casi todos los partidos políticos han promovido otras iniciativas. Entre ellas se destaca, en primer lugar, la habilitación a comercios de la zona fronteriza a importar directamente ciertos productos en determinadas cantidades, aprovechando los precios que rigen del otro lado de la frontera (microimportación). En segundo lugar, se han propuesto rebajas parciales o exoneraciones totales de impuestos al consumo para ciertos productos que adquieren personas residentes en un radio de influencia de la frontera (IVA personalizado o mayores rebajas de Imesi para combustibles).

El problema de estas medidas es que, por un lado, es probable que no sean suficientes en sí mismas para neutralizar o siquiera mitigar parcialmente las diferencias de precios significativas que hoy se registran. Por el otro, son un desafío para las políticas públicas toda vez que implican gravar a los contribuyentes de forma diferente según su residencia, perforando la unidad territorial de la política tributaria, o habilitar operaciones de importación que podrían quedar al margen de otras regulaciones, de salud pública, por ejemplo. En otras palabras, son iniciativas complejas de implementar, con efectos inciertos y no inmediatos y que, como si fuera poco, incluso todas juntas no es seguro que sean capaces de ayudar a resolver el problema planteado.

En un escenario como el descrito, sería conveniente que los comerciantes y las autoridades uruguayas dejen de esperar que algún evento exógeno resuelva el problema planteado. De un lado los comerciantes deberían organizarse para negociar cambios en las relaciones comerciales con algunos de sus distribuidores. Del otro, el gobierno debería evaluar con rigurosidad algunas de las iniciativas promovidas desde el Parlamento y, al mismo tiempo, explorar el desarrollo de experiencias piloto que busquen desincentivar prácticas comerciales que  busquen desincentivar prácticas comerciales que no favorecen la competencia y afectan los precios de rubros de primera necesidad de la canasta de consumo. Ello es clave para minimizar los efectos sobre las actividades comerciales y, especialmente, para evitar que afecte de forma permanente las condiciones de vida de los habitantes de las zonas próximas a las fronteras. 

 1 Además, según el indicador que elabora el Observatorio Económico de Salto de la Universidad Católica, en enero de este año los precios de una canasta de consumo en ese departamento eran más del doble que en la ciudad argentina de Concordia.

Columna publicada en Semanario Búsqueda

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