Una breve agenda de políticas públicas

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(Publicado en diario El Observador en edición de agosto 2008.)

Si los choques externos que probablemente enfrentará Uruguay en los próximos meses son superados sin trastornos significativos, el próximo gobierno tendrá una agenda mucho menos acuciante que la que heredó el actual, pero no menos compleja y desafiante. En este artículo se proponen cuatro capítulos de líneas de acción que deberían integrar, entre otros temas, la agenda económica del próximo gobierno. Ellos son: continuar fortaleciendo el régimen macroeconómico, consolidar la inserción externa, ayudar a la sostenibilidad del crecimiento y garantizar la cohesión social.

En primer lugar es necesario continuar fortaleciendo las instituciones responsables de diseñar y ejecutar las políticas macroeconómicas para reducir la volatilidad cíclica de la economía. Dos tipos de acciones contribuirían decisivamente a ello. Primero, se requiere consolidar un régimen basado en políticas monetarias activas abandonando definitivamente al tipo de cambio como instrumento para la trasmisión de señales de precios. Segundo, hace falta fortalecer la credibilidad y la reputación de la política fiscal, algo a lo que la adopción de una regla fiscal podría ayudar.

Un régimen monetario como el implementado a partir de 2002 requiere, entre otras cosas, delimitar mejor las atribuciones de las instituciones que diseñan y ejecutan la política, dotar de mayor autonomía técnica y política al Banco Central, mejorar los mecanismos de comunicación y divulgación de las decisiones, así como ayudar a desarrollar mercados y estimular el uso de instrumentos como los futuros. Este gobierno ha tomado algunas iniciativas respecto a los primeros temas, a pesar de lo cual queda un largo camino por recorrer.

Si bien debe reconocerse que las restricciones que el actual gobierno heredó terminaron por desaconsejar el diseño de una regla fiscal para el actual período, no es menos cierto que es fundamental que la función estabilizadora de la política fiscal sea fortalecida mediante algún mecanismo institucional. Por ejemplo, la adopción de una regla que ate el aumento del gasto discrecional del gobierno central a la tasa de crecimiento tendencial de la economía podría contribuir a reducir la prociclicidad de la política fiscal. Ello además de evitar impulsos fiscales que favorezcan ciclos económicos exageradamente profundos, debería ser útil para acotar los ciclos electorales en el gasto público.

Un segundo capítulo que debería integrar la agenda del próximo gobierno es la inserción externa del país. Luego de tres décadas y media de iniciado el proceso de apertura de la economía, la discusión relevante es cuál es la mejor estrategia para seguir abriéndose al mundo. Es que el principal consenso del período democrático, la apertura a través de la integración regional, está roto. Si bien no importa analizar aquí las razones, es imposible desconocer que el MERCOSUR no parece ser una alternativa de la cual pueda esperarse dinamismo y estabilidad para los flujos comerciales. Ello obliga al futuro gobierno a liderar un proceso que permita, sin romper con el MERCOSUR, acceder de manera preferencial a más y nuevos mercados. En los hechos este camino es al que parece haberse adherido recientemente el actual gobierno, aunque es probable que se requiera mayor claridad en los lineamientos generales y las acciones específicas de modo que el sector privado pueda comprender mejor cuál es la estrategia.

Iniciativas destinadas a seguir mejorando el clima de negocios de modo de asegurar un crecimiento sostenible, integran el tercer capítulo sugerido para la agenda del próximo gobierno. Entre ellas se destacan aquellas destinadas a aumentar y mejorar la calidad de la inversión en capital físico y humano. En primer lugar debe señalarse que las inversiones en infraestructura requeridas por el crecimiento de las exportaciones previsto no deberían quedar atadas a los espacios que el presupuesto público pueda abrir. La experiencia de Chile y la disponibilidad de instrumentos como las corporaciones vial y ferroviaria, deberían ayudar a diseñar una estrategia en la que el sector privado cumpla un rol destacado en la provisión y gestión de la nueva infraestructura. Ello permitiría, además, desarrollar el mercado de valores, algo que debería ayudar a canalizar mejor el ahorro doméstico y hacer más profundo (y por tanto menos riesgoso) al sistema financiero. En segundo lugar, y más importante todavía, es necesario tomar medidas que permitan fortalecer la acumulación de capital humano. Entre ellas, además de aumentar la inversión en educación, se requiere imponer urgentemente mejoras en la gestión, fortalecer el gobierno corporativo, así como modernizar y adecuar los contenidos a la realidad de un país pequeño y muy abierto al mundo.

Finalmente, es indispensable aumentar el esfuerzo para garantizar una mayor cohesión social. Razones de estricta justicia social, las preferencias ciudadanas y las consecuencias de los cambios ocurridos durante la pasada década (amplificadas por la reciente crisis), hacen que este capítulo sea, probablemente, el principal desafío del próximo gobierno. Es que como muestran las cifras recientes, el crecimiento vertiginoso de la economía no es suficiente para reducir la pobreza y la indigencia hasta los niveles previos a la crisis, menos para mejorar aquellos registros. Ello supone que se requieren acciones específicas, focalizadas y coordinadas de modo de garantizar la efectividad de las políticas desplegadas y de aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos. Hacer que los sujetos de las políticas y, sobre todo, que la canalización de los recursos públicos se oriente más y mejor a los niños pobres debería ser la prioridad.

 

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