Un país para retirarse o vacacionar

(Publicado en diario El Observador en edición de abril 2008.)

Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) además de levantar una fuerte polémica sobre los roles y competencias de los poderes públicos, ponen sobre la mesa un debate que está pendiente en Uruguay relacionado con las transferencias intergeneracionales.


Con o sin razón desde el punto de vista formal, los fallos de la SCJ muestran, al igual que ocurrió en 1989 cuando se estableció en la Constitución la indexación de las pasividades al Índice Medio de Salarios (IMS), que los uruguayos estamos dispuestos a implementar soluciones que traten de manera especial a los pasivos.
Como muchas veces se ha señalado, es probable que ello derive de la capacidad de presión que tienen los pasivos. Dado su tamaño relativo, es natural que ello ocurra en una sociedad donde el conflicto social se canaliza a través de mecanismos institucionales sostenidos por principios democráticos y que son construidos por partidos políticos representativos de la opinión pública. Es que en Uruguay los pasivos son aproximadamente un 25% del padrón electoral. Debido a ello, son clientes privilegiados para quien quiera ocupar un cargo electo. También es probable que ello contribuya a explicar, como lo señalan David Altman y Juan Pablo Luna de la Universidad Católica de Chile, que la edad promedio de los gabinetes ministeriales en Uruguay resulte comparativamente elevada en América Latina.
A pesar que la discriminación según edad y sus posibles causas han sido objeto de discusión y reflexión, el análisis de sus consecuencias parece ser menos frecuente. Por ejemplo; ¿Qué efectos produce sobre la oferta de trabajo que la experiencia predomine sobre la calificación para contratar y establecer remuneraciones? ¿Qué consecuencias puede tener sobre el esfuerzo de los trabajadores activos y la tasa de ahorro doméstica que las pasividades estén indexadas, en un régimen previsional deficitario, a la evolución de la productividad del trabajo de aquellos? Complementariamente; ¿es justo que las mejoras (o deterioros) de productividad que una generación produce se trasladen enteramente a otra generación?
La ausencia de un debate más profundo que permita dar respuestas a estas preguntas afecta la calidad del análisis de los fallos de la SCJ sobre la inconstitucionalidad de la aplicación del IRPF a las pasividades. Si la implementación de un sistema tributario que decide explícitamente gravar el producido por las distintas condiciones de actividad de las personas termina por excluir a un grupo específico de la población, hay que ser conscientes de que la sociedad a través de sus instituciones ha resuelto discriminar a favor de ese grupo. Ello puede ser perfectamente legítimo, aunque es necesario conocer y evaluar sus consecuencias.
En Uruguay la pobreza está concentrada entre la población menor de 18 años. En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) al menos el 50% de los niños menores de 6 son pobres (para la CEPAL el 40%). Para las mismas fuentes menos del 8% de la población mayor de 65 años es pobre.
Independiente de cuánto se ajusten los fallos de la SCJ a lo que establece la Constitución, la resolución de la Corte reafirma un tratamiento favorable para un grupo de la población que, como tal, no parece requerir protecciones adicionales. Por su parte, la evidencia comparada de sistemas tributarios muestra que las pasividades suelen quedar comprendidas por los sistemas de imposición a las rentas. Ambos argumentos deberían conducir a que la sociedad revise los mecanismos que impiden tratar igual que al resto de la población a un grupo que no parece requerir de más ayuda. En ausencia de ello, no debe extrañarnos ni molestarnos lo que la dinámica de la población de los últimos treinta años nos enseña. Uruguay es un buen lugar para retirarse (o vacacionar).

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