Instituciones no responden

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(Publicado en diario El Observador en edición de diciembre 2008.)

Aunque no está muy claro cuánto hay de mito y cuánto de realidad, probablemente es cierto que en el pasado las instituciones uruguayas se distinguieron en la región por mantener una sociedad relativamente cohesionada y por no obstaculizar excesivamente la movilidad social. Sin embargo, todos percibimos que los desafíos que la realidad le ha ido imponiendo más recientemente a la institucionalidad uruguaya no han recibido respuestas satisfactorias. A pesar de ello, y por poner sólo algunos ejemplos, llevamos al menos un cuarto de siglo discutiendo cómo reformar nuestros sistemas de salud y de educación, cómo modernizar nuestro Estado, cómo fortalecer la efectividad de nuestras políticas orientadas a combatir la pobreza y cómo responder desde las instituciones públicas a las nuevas formas de violencia urbana.


Si bien es indiscutible que algunos cambios han tenido lugar, no es menos cierto que la velocidad en el proceso de implementación y/o los alcances de las reformas parecen al menos insuficientes. Por ejemplo, Uruguay requería una reforma que revisara el modelo de financiamiento del sistema de salud, pero también eran necesarios cambios en los modelos de gobierno de las instituciones de asistencia médica colectiva y en los mecanismos de contratación y control de las obligaciones laborales de los médicos. Los acontecimientos recientes en el CASMU y la falta de transparencia del funcionamiento del mercado de trabajo médico son elocuentes en este sentido.
En el caso de la educación ocurre otro tanto de lo mismo. Si bien era imprescindible aumentar la dotación de recursos públicos a la educación, haberlo hecho con independencia de compromisos sobre reformas en materia de contenidos educativos y de transformaciones en los modelos de gobierno y de gestión, es probable que haya terminado por fortalecer el status quo. Mientras tanto, la pertinencia, la profundidad y la carga horaria de los programas divergen con las trayectorias de otros países que mejoran aceleradamente los niveles educativos de sus poblaciones.
Desde orientaciones muy diferentes, las últimas cuatro administraciones se propusieron modernizar y transformar el Estado de modo de hacerlo más ágil, eficiente y eficaz. A pesar de ello, Uruguay no cuenta todavía con una red suficientemente densa de sistemas de gestión transversales integrados, no parece haber terminado de definir una estrategia global para la gestión de los recursos humanos estatales y cuenta con procedimientos de compras públicos obsoletos excesivamente celosos del control ex ante de la legalidad del gasto, lo que le resta agilidad y capacidad de competencia a las entidades estatales. Asimismo, desde el punto de vista del ciclo presupuestal, la asignación de recursos sigue estando desacoplada de la efectividad de la ejecución por la ausencia de mecanismos de evaluación y sistemas de información adecuados.
Aunque probablemente por diferentes causas, las instituciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana se muestran crecientemente incapaces de hacer frente a los desafíos que las nuevas formas de violencia proponen. Si bien este es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, en Uruguay es posible atribuirlo a respuestas institucionales inadecuadas derivadas de la ausencia de cambios profundos en ellas. Es que la falta de transformaciones de los sistemas de educación, de salud, de atención a la minoridad y de seguridad ciudadana, hace que el tipo de respuestas ensayadas desde las políticas públicas sea esencialmente el mismo que cuarenta años atrás. Probablemente, el diseño institucional original de estos ámbitos respondiera adecuadamente a la realidad que les dio origen, pero la ausencia de cambios sustanciales los vuelven ineficaces para actuar hoy.
Mientras la falta de respuestas efectivas de parte de las viejas instituciones uruguayas a los nuevos desafíos tiene lugar, la sociedad reacciona. El problema es que en ausencia de acciones exitosas para transformar y fortalecer las instituciones destinadas a promover la mayor cohesión social, el resultado será una sociedad más fragmentada y menos integrada, aún en un contexto de aumento de la prosperidad como el que vivió el país en los últimos cinco años.
A diferencia de lo que ocurre en casi todo el continente, es muy poco probable que en Uruguay gobierne en el futuro cercano algún partido o coalición que no lo haya hecho desde 1985, lo que contribuye a acotar la incertidumbre de las acciones de los futuros gobiernos. Sin embargo, ello deja en manos del cambio generacional –no muy acelerado por cierto–, el desafío de lograr transformaciones institucionales más profundas y efectivas que las alcanzadas desde la recuperación democrática. En ausencia de logros efectivos en la materia durante el próximo gobierno, Uruguay profundizará su declive secular.

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