Cuidado con los burócratas de la OCDE

(Publicado en diario El Observador en edición de abril 2009.)

El reciente episodio de la fugaz entrada y salida de Uruguay de la lista de jurisdicciones que no habían adherido al acuerdo sobre estándares impositivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una señal de alerta para Uruguay. Es que en un mundo en el que la influencia de la burocracia internacional se vuelva relevante, Uruguay enfrentará una amenaza seria por su reducida capacidad para influir en el contenido de la agenda de los organismos internacionales.


Desde hace varios años, los organismos internacionales liderados por la OCDE vienen promoviendo que los países realicen reformas tributarias con el propósito de gravar las rentas sobre la base de fuente mundial. Ello quiere decir que sin importar en qué jurisdicción territorial se estén generando las rentas, los sistemas impositivos deben estar en condiciones de gravarlas. Como fundamento de esta posición la OCDE argumenta que los sistemas tributarios basados en la fuente territorial son utilizados para atraer inversiones y capitales, algo que promueve la competencia desleal entre países y, que bajo ciertas circunstancias, puede prestarse para actividades de lavado de dinero.
A pesar de lo anterior, existen argumentos en favor de que las jurisdicciones territoriales puedan decidir sobre qué y cómo gravar las rentas de los agentes que habitan o tienen actividades en ellas. Primero, no hay ninguna razón para obligar a los países a ayudar a recaudar a aquellos que han decidido, legítima y soberanamente, gravar con tipos impositivos elevados las rentas de sus contribuyentes. Segundo, la estructura tributaria de una jurisdicción es una herramienta clave para incidir sobre temas tan importantes y estratégicos como la inserción internacional, las políticas sectoriales y la distribución del ingreso. Por su naturaleza, estas decisiones son y deben ser soberanas debido a que deben poder ser revisadas a lo largo del tiempo en función de cambios en las preferencias de los votantes o en las prioridades políticas de los gobiernos.
La gravedad del episodio con la OCDE deriva de que si Uruguay no hubiera terminado por asumir el compromiso de firmar tratados de doble tributación con otros países que estén alineados a la posición de la OCDE, habría permanecido en la lista de países no cooperantes en materia tributaria, de modo que podría haber sido objeto de sanciones comerciales por terceros países. En otras palabras, la ausencia de compromisos sobre temas tan delicados como los principios y criterios tributarios, podría haber sometido a Uruguay a represalias comerciales.
Dos importantes amenazas se derivan de una situación como la descrita para países pequeños como Uruguay. Primero, cómo podrán incidir en las agendas de los organismos internacionales de modo que sus definiciones, criterios y políticas no terminen por afectar gravemente sus intereses soberanos. Segundo, y más importante todavía, cómo evitar que los países más grandes y poderosos no terminen instrumentando las agendas de los organismos internacionales a favor de sus intereses.
Como consecuencia de lo anterior, es ingenuo pensar que los burócratas internacionales estarán en condiciones de fijar reglas que ayuden a promover relaciones económicas internacionales “más justas” y “trasparentes”. Por el contrario, si como reacción a la crisis se consolida un mundo que termina depositando en la burocracia internacional el poder de establecer reglas de juego que afectan decisiones soberanas tan sensibles, se afectará negativamente al comercio internacional de bienes y servicios, a la propensión a innovar y la asunción de riesgos, todo lo cual restringirá el crecimiento económico y, lo que es peor, alentará la concentración de la riqueza a nivel global. Es que si bien es cierto que los burócratas no destruyen riqueza como a veces lo hacen los mercados, tampoco la crean, tan sólo gastan la que otros generaron. Por eso, cuidado con los burócratas.

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