Aterrizaje suave exige mayor coordinación de políticas

3 0

Existen buenas razones para pensar que la economía de Uruguay se está desacelerando durante la segunda mitad de 2012. También hay motivos para sospechar que la moderación del crecimiento global esconde trayectorias sectoriales diversas, lo que estaría dando lugar a una economía que se mueve con diferentes velocidades. Las restricciones usuales para el manejo macroeconómico en Uruguay, sumadas a las de economía política, podrían impedir un aterrizaje suave de la economía a la nueva fase del ciclo económico. En cualquier caso, no es posible prever un escenario recesivo para 2013. Pero, vayamos por partes.

Desaceleración asincrónica

La desaceleración de la economía, incipiente y moderada todavía, se insinúa en una retracción de la demanda de trabajo de casi un punto porcentual de la población económicamente activa (unos dieciséis mil puestos de trabajo), en una caída de 4,5% interanual de la producción manufacturera (excluida la refinería de petróleo y las ramas con demanda extraregional[1]) y en un descenso de las exportaciones industriales del orden del 12% (variación interanual a setiembre del componente tendencia-ciclo medido en dólares).

La contracción de las exportaciones, de la producción industrial  y del empleo son parte del mismo fenómeno: una pérdida de mercados para las manufacturas uruguayas en la región derivadas de la desaceleración económica, el abaratamiento y el proteccionismo de Argentina y Brasil. Así, la caída de las exportaciones no primarias está induciendo una contracción de la actividad industrial, lo que afecta la demanda de trabajo[2].

Lo anterior sugiere que los primeros síntomas de desaceleración provienen de las actividades que se comercializan en la región, mientras el resto de la economía mantiene todavía un ritmo intenso de expansión. En efecto, las exportaciones de bienes primarios y agroindustriales (destinadas en su mayoría fuera de la región) muestran un dinamismo persistente (aumento de 19,7% en dólares en los doce meses móviles cerrados en setiembre), mientras que el consumo privado seguía creciendo al 6% en el segundo trimestre del año. En breve, la información sugiere que la economía se estaría moviendo a dos velocidades. De un lado las actividades intensamente ligadas a los mercados extraregionales y al mercado interno siguieron creciendo de manera acelerada al menos durante la primera mitad del año. Del otro, aquéllas expuestas a la región se habrían ido resintiendo a medida que el año 2012 ha ido transcurriendo. Como estas últimas son relativamente intensivas en mano de obra, el mercado laboral estaría empezando a deteriorarse, algo que amenaza con afectar tarde o temprano a las actividades orientadas hacia el mercado interno.

La desaceleración no sincronizada de la actividad económica ha contribuido a exacerbar las tensiones que se manifiestan desde hace tiempo sobre el sistema de precios. Así, la inflación minorista se ubica por encima del rango establecido por el Banco Central desde hace dos años, restando credibilidad a la meta y favoreciendo la retroalimentación de la inflación en un contexto de mayor indexación de los precios domésticos, especialmente de los bienes no transables. A raíz de ello, la inflación subyacente (excluye precios volátiles y administrados que integran el IPC) se ubica por encima de 8% desde hace más de un año, habiendo alcanzado al 9% en los doce meses cerrados en octubre. La aceleración de la inflación en un contexto de apreciación exógena del peso uruguayo[3], se ha traducido en un una caída del tipo de cambio real restando competitividad a la producción doméstica. Precisamente, la pérdida de competitividad aludida afecta de manera más pronunciada a las actividades relativamente intensas en mano de obra y que tienen alta exposición (exportadora o sustituidora de importaciones) a la región.

Descoordinación de políticas

Las persistentes tensiones sobre el sistema de precios tienen su origen en la etapa de expansión acelerada y están alentando una desaceleración no sincronizada de la economía. En este contexto, el principal desafío para la política económica es evitar que la transición hacia la nueva fase del ciclo sea abrupta. Mientras más efectiva sea su contribución a dicho objetivo, menos profundo será el ajuste real que la economía terminará soportando. En otras palabras, la política económica debe procurar concentrarse en lograr un aterrizaje suave.

En general, los aterrizajes suaves no son fáciles de conseguir en ninguna economía. Además, y como es sabido, en Uruguay la política monetaria tiene una limitada capacidad estabilizadora debido a la baja efectividad del canal de crédito para actuar sobre el nivel de actividad y la formación de precios. Por eso, es vital extremar las precauciones para que las diferentes políticas que tienen influencia sobre el ciclo económico desplieguen acciones coordinadas y trasmitan señales consistentes.

Lamentablemente, en los últimos meses las políticas monetaria, fiscal y de ingresos no parecen haber estado suficientemente coordinadas. Mientras la política monetaria pretende tener un signo levemente contractivo, la fiscal y la de ingresos se han mostrado expansivas[4]. La falta de una adecuada coordinación de las políticas en un contexto de pleno empleo como el que prevaleció hasta hace poco, restó credibilidad a la política antiinflacionaria y alentó comportamientos no cooperativos dominados por horizontes muy cortos en el sector privado (empresas y sindicatos). Todo ello se tradujo en aumentos significativos de salarios y precios, sobre todo en mercados con competencia escasa.

Si bien es cierto que en los modelos empíricos conocidos para la inflación en Uruguay el resultado fiscal no parece jugar un papel determinante, debe reconocerse que una menor expansión del gasto público que la verificada entre 2011 y 2012 podría haber ayudado a moderar, aunque más no sea parcialmente, el aumento de la demanda agregada. Al mismo tiempo habría fortalecido la credibilidad de la meta inflacionaria, vital para que las negociaciones salariales desarrolladas en contextos de pleno empleo hubiesen arrojado resultados más comprometidos con la estabilidad de precios. Finalmente, aunque de una manera limitada, si el gobierno hubiera contado con un superávit fiscal considerable, habría dado lugar a costos de esterilización monetaria (asociados a intervenciones en el mercado de cambios para evitar apreciación del peso) algo menores. Todo ello sumado, debería haber derivado en una menor tensión sobre sistema de precios domésticos que la prevaleciente.

De manera complementaria, la política de ingresos tampoco parece haber trasmitido un compromiso sólido con la estabilidad de precios. Es que el gobierno está asistiendo a la ronda de negociación salarial sin un diagnóstico compartido de los efectos sobre la inflación de los aumentos salariales por encima del crecimiento de la productividad del trabajo bajo circunstancias como las actuales. Así, mientras el Ministerio de Economía ha transmitido cautela y preocupación con el tema, el Ministerio de Trabajo se ha mostrado más ambiguo[5]. Ello no contribuye a alinear las expectativas de las empresas y sindicatos. Asimismo, las negociaciones salariales siguen desarrollándose sin un marco de información sólido y creíble sobre productividad, algo que conspira contra la firma de acuerdos sostenibles.

Los problemas de coordinación de la política antiinflacionaria del gobierno, menos visibles hace unos meses, han cobrado notoriedad cuando la inflación se acerca al verdadero límite superior tolerado por las autoridades (10%) y los riesgos de un ajuste real menos moderado que el estrictamente necesario aumentan.

Restricciones políticas condicionan suavidad del aterrizaje

Es en un escenario como el presentado que el gobierno está adoptando medidas que actúan sobre el índice de precios. A los ya conocidos acuerdos de precios celebrados con el sector privado para diversos productos que integran la canasta que mide el IPC, se sumaron más recientemente promociones sobre el precio del consumo de energía eléctrica residencial y no es descartable que se agreguen rebajas sobre los precios de los combustibles. Dadas las circunstancias prevalecientes durante los últimos meses, no es posible concluir otra cosa que las medidas adoptadas son razonables. Ello esencialmente por dos motivos. Primero, las medidas conocidas y previstas incidirán de manera directa sobre la variación de los precios minoristas de noviembre y diciembre, algo que ayudará a que el aumento del IPC al finalizar 2012 termine ubicándose por debajo de 7,5%. Dados los mecanismos de indexación previstos en los acuerdos salariales vigentes, la intervención transitoria sobre el nivel de precios en estos dos meses evitará una mayor propagación de la inflación en 2013. Segundo, y más importante todavía, las medidas deberían permitir al gobierno comprar tiempo para adecuar su estrategia general a los nuevos desafíos que enfrenta la política macroeconómica.

Si las condiciones de liquidez internacional prevalecientes en la actualidad y las políticas regionales vigentes se consolidan en los próximos cuatro meses, algo que es muy probable que ocurra, el gobierno deberá llegar a marzo con una definición más precisa de la que trasmite hoy de cómo se moverá para lograr un aterrizaje suave de la economía. Ello es así porque durante el primer trimestre caducarán los acuerdos de precios celebrados con el sector privado, al tiempo que los diferimientos y rebajas de los precios de las tarifas públicas serán difíciles de sostener dado el menor margen de maniobra fiscal.

Es que en ausencia de una mayor coordinación entre las políticas monetaria, fiscal y de ingresos, las tensiones que hoy soporta el sistema de precios se resolverán con un ajuste real más profundo. En este punto debe actuarse con especial cuidado. La mayor coordinación requiere, precisamente, evitar movimientos no sincronizados de las herramientas de política que puedan terminar moviendo una variable (la TPM; v.g. el tipo de cambio) cuando el resto de las variables no se ajustan en el mismo sentido e intensidad (salarios y/o gasto público). En caso que ello no ocurra, la mayor tensión imperante en el sistema de precios inducirá un ajuste real más profundo que el  necesario.

Lamentablemente, es muy probable que restricciones de naturaleza política terminen impidiendo la mejor y más efectiva coordinación requerida para la gestión macroeconómica. Debido a ello, la descompresión de los precios no transables, fundamentalmente los salarios, se producirá a costa de una mayor caída de la demanda de empleo, algo que terminará por afectar el consumo doméstico.

Afortunadamente, tanto el escenario externo más probable, como las fortalezas que el país acumuló en los últimos años en materia de gestión de la deuda pública, de supervisión bancaria y de diversificación de mercados para las exportaciones,  impiden prever la gestación de una crisis. Se trata simplemente de la confirmación de que la economía se desacelerará en 2013 y que ello dará lugar a un ajuste real mayor al que se hubiese podido producir si una mayor coordinación de las herramientas de política hubiese tenido lugar.



[1] Industria frigorífica, Pulpa de celulosa y Productos Alimenticios No Clasificados Previamente (Rama 1549).

[2] Si bien la explicación de la caída del empleo no puede ser atribuida de manera inequívoca a la industria debido a la apertura de la información que divulga el INE, el hecho que la mayor contracción se manifieste en Montevideo permite conjeturar de manera razonable al respecto.

[3] La apreciación del peso puede ser catalogada como exógena hasta setiembre 2012.

[4]El Banco Central ha procurado que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantenga levemente positiva en términos reales. En contraste, el gasto público nominal viene creciendo al 18% en doce meses cerrados a setiembre y, al menos hasta octubre, se han convalidado aumentos de salarios desvinculados del incremento de la productividad. Debe reconocerse que en Uruguay una TPM positiva en términos reales puede tener un efecto ambiguo sobre la demanda agregada por la apreciación del peso que induce y las consecuencias de ella sobre el consumo privado.

[5] El Jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, señaló el 18 de octubre que “hay que alinear los aumentos salariales a los aumentos que se están dando en materia de productividad a nivel de las empresas y a nivel de los sectores”. Asimismo, enfatizó que “…hay que ser muy cuidadosos en los aumentos que se terminan aprobando en los acuerdos que se alcancen porque si no entramos en una espiral de aumentos de salarios que no tienen contrapartida en la producción y eso implica más inflación…”. En contraste, el Ministro de Trabajo Eduardo Brenta declaró el 24 de octubre que “…no vemos que la inflación sea un elemento central en la negociación (salarial) del año que viene.”

3 Comments
  • Carlitos
    noviembre 20, 2012

    Excelentes puntos Gabriel. Hubiese agregado que en este pais la politica monetaria tiene traccion nula (por pobres mecanismos de transmision y alta dolarizacion) mas alla del canal cambiario, absolutamente TODO el peso del esfuerzo anti-inflacionario esta recayendo exclusivamente en el tipo de cambio. El sobrecargado TC tiene que compensar desbocados precios y salarios, pero tambien otros canales de tranmision rotos.
    La asimetria sectorial que documentas no va a hacer otra cosa que profundizarse una vez que entre a jugar la fuerte apreciacion desde octubre. Estamos metiendo una enorme volatilidad artificial a la competitividad bilateral y de esta forma autoflagelandonos justamente en los sectores sensible a esta variable que ya tienen heridas abiertas por los gestos de nuestros vecinos. Espero estos sufridos uruguayos quienes tienen que cargar el sacrificio por culpa de debilidades sociales y politicas nos sepan perdonar.
    O quizas todo sea un gran plan del visionario del Pepe de desmantelar esta industria y asi poder viabilizar politicamente una honrosa y digna salida de la payasada del Mercosur. Grande Pepe!

  • Pablo Picardo
    noviembre 20, 2012

    Muy interesante el artículo, no obstante ello estoy sorprendido por la insistencia de muchos analistas en la idea de frenar los aumentos salariales. La explicación es sin duda lógica pero parte del supuesto que los salarios se encuentran en un nivel “aceptable”. Quizás no sea una pregunta propiamente económica, pero ¿cuándo y por qué se han dejado de discutir aumentos de impuestos a la producción agropecuaria que goza de precios excepcionales?

  • Roberto Villamil
    noviembre 20, 2012

    Muy buen artículo, que invita a la reflexión. La misma tendencia, referida a las exportaciones, parece observarse en algunas economías emergentes, especialmente en aquellas que como Uruguay tienen una alta concentración de exportaciones en productos primarios, más allá de los diferentes niveles de valor agregado incorporado en las mismas. Creo que la observación de Masoller que se incluye como nota en el artículo es muy acertada y marca, claramente, un camino que necesariamente debe recorrerse de aquí en más.
    Un cordial saludo

Publicar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *